Chile se restó de la firma del Pacto Migratorio, instado por la Organización de las Naciones Unidas, y por consiguiente no apoyó el documento validado por más de 150 países en la cumbre de Marrakech, Marruecos, celebrado a este mismo respecto.

A este respecto, vale la pena recordar, que sobre temas migratorios, Chile ha suscrito a la fecha la Declaración Universal de los DD.HH. y la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Siendo ambos textos un reconocimiento del derecho de las personas a salir y volver a su país; y el deber de este de recibirlos.

“Tal y como lo dijo nuestro Canciller, como nación tenemos el derecho y la soberanía acerca de nuestras propias reglas de migración”, indicó el Gobernador Manuel Corrales, quien a su vez, sostuvo que “siempre como país estamos a favor del multilateralismo y la defensa de los Derechos Humanos, por lo que nuestras puertas estarán siempre abiertas para quienes quieran venir a buscar nuevos horizontes, y cerradas para quienes no respeten nuestras normas, o para quienes vengan a delinquir y poner en riesgo a nuestra sociedad”.

Además, las Naciones Unidas han producido tres textos sobre migraciones: la Declaración de Nueva York de 2016 y las Declaraciones de los Diálogos de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de 2006 y 2013, cuyos principios Chile comparte. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 hablan de facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

Pese a todos estos propósitos, “el texto discutido en Naciones Unidas choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular”, según el gobernador provincial. “Si bien no es un acuerdo vinculante jurídicamente, Chile no va a adherir a nada que pueda ser usado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado de Chile”, puntualizó la autoridad.

Recordemos que el pacto migratorio flexibiliza la posibilidad de cambiar de estatus, lo que en palabras simples significa venir bajo una determinada condición y luego cambiarla, “y eso no está acorde a las políticas de Estado chilenas en esta materia”, sentencia el representante del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en la provincia.

Al asumir el Gobierno, había en Chile 300 mil inmigrantes irregulares y, de estos, 150 mil han participado en el proceso de regularización.