El pasado 16 de mayo el sindicato que representa a más del 85% de los trabajadores del Liceo Católico de Copiapó inició una huelga legal y sus estudiantes, solidarizando con sus profesores, levantaron el 12 de junio una toma.

La administración, incurriendo en lo que podría ser una práctica antisindical, pagó los salarios de aquellos trabajadores que no se sumaron a las movilizaciones, dejando en entredicho a quienes están a cargo de llevar los hilos del establecimiento.

Ante esto y sumado a las condiciones precarias con que cuenta el recinto, el diputado por Atacama, Juan Santana, exigió medidas concretas al Ministerio de Educación. Por un lado, se ofició a la entidad para que, por medio del Seremi de la Región de Atacama, las partes puedan llegar prontamente a una solución sobre las demandas laborales, para reiniciar a la brevedad las clases.

Y, por otro lado, informar sobre el pago de subvenciones del presente año escolar y si cuenta con antecedentes sobre el pago de arriendo por las instalaciones del establecimiento y la posibilidad de una fiscalización especial al establecimiento por parte de la Superintendencia de Educación.

Para cerrar, el diputado Santana se refirió a las malas condiciones en que se desarrolla la jornada escolar y apuntó a la responsabilidad de sus administradores, que es llevada a cabo por una fundación educacional, donde los miembros del directorio son nombrados por el Obispado de la región de Atacama.

“No es posible que en un colegio que llega casi al límite del copago, y donde por concepto de subvención se reciben cientos de millones de pesos, sus alumnos se organicen para exigir condiciones básicas”, indicó el parlamentario.