Empavorecidos, apenas sosteniéndonos sin poder fijar la mirada en un punto, pidiendo misericordia y completamente entregados a nuestra propia suerte. Eso fue lo que vivimos millones de personas cuando la madrugada del sábado 27 de febrero, a las 3:34 am, un terremoto remeció Chile en todas direcciones. La furia y duración del movimiento fueron tales, que el suministro de luz se cortó al instante y muchos pensamos en el fin; era como ir sobre un avión sabiendo que íbamos a caer. Por desgracia, la plegaria de centenares de compatriotas en medio del ruido ensordecedor, fue silenciada para siempre. Por Jorge Sánchez de N.
Luego del minuto y medio en el que la tierra pareció venirse abajo, la gente huyó y se agolpó en las calles. Penumbra, gritos, desazón, llanto, sangre, pánico, linternas, nombres al aire. Las radioemisoras informaban de un sismo de 9 grados de intensidad en la escala de Mercalli, sólo comparable a las peores catástrofes naturales de las que se tiene registro. De hecho, éste ha sido catalogado como el quinto terremoto más violento en la historia de la humanidad. Un récord que nadie quisiera ostentar y que, en aquellos momentos de infinita angustia, erizaba la piel, más aún con el vivo recuerdo del cataclismo de 1960 en la ciudad de Valdivia, fenómeno que transformó la geografía austral y que lidera mentada lista de horrores.
A las 5:00 de la mañana, otro sismo, esta vez de intensidad 7, reanimó la pesadilla. Los periodistas de turno, dando increíbles muestras de coraje y responsabilidad social, proseguían comunicando: el epicentro se ubicaba en el sur del país, entre las regiones del Maule y el Biobío, con las que todavía no se podía establecer contacto alguno. Cuando el sol comenzó a despuntar, alrededor de las 7:00 am, la población continuaba en vela, temerosa de regresar a sus hogares o buscando sobrevivientes bajo los escombros de las que antes fueran sus casas. Tal era el caso de quienes habían padecido mayor infortunio.
En Santiago, donde el movimiento telúrico alcanzó grado 8, la luz del día permitió contemplar la real magnitud del desastre. Los ciudadanos constatamos, eso sí, tras la polvareda grisácea que se levantó en el cielo, que gracias a la norma de construcción antisísmica promulgada después del terremoto de 1985, no fueron demasiadas las edificaciones que sufrieron “fallas estructurales”, tecnicismo utilizado para referirse a inmuebles colapsados, destruidos, o simple y llanamente, ruinosos. La capital estaba en pie. Sin embargo, por dentro, las habitaciones parecían haber sido presas de un salvaje huracán: vajillas rotas, pesados muebles arrojados al piso, paredes agrietadas, despensas y armarios vacíos, azulejos desprendidos, pinturas descascaradas, y un largo catastro de objetos materiales que nos motivan a reflexionar en lo frágiles e insignificantes que somos en relación al mundo.
Como era de esperarse –crónica anunciada en el subdesarrollo–, las casas y edificios más antigüos y precarios, y los estratos socioeconómicos humildes, se sumieron en el infierno. Así al menos lo revelaba la prensa, que a eso del mediodía ya manejaba un cúmulo de datos suficientes como para dibujar una idea acerca de la situación que estallaba en el territorio: el sismo había afectado fuertemente a 8 regiones del centro sur del país (de un total de 15 regiones); un número inestimable de atrapados, desaparecidos y muertos; localidades aisladas y desprovistas de agua y electricidad; tsunamis y maremotos en diversas zonas costeras e insulares; comunidades enteras bajo el mar; ríos desbordados y socavones por doquier; carreteras, pasarelas y puentes severamente dañados; millares de familias damnificadas y privadas de las condiciones mínimas de subsistencia.
En el transcurso de la tarde se supo que la infraestructura del aeropuerto Arturo Merino Benítez, principal terminal aéreo del país y el único capaz de recibir vuelos civiles de gran envergadura, se había fracturado, por lo cual fue clausurado hasta nuevo aviso. Y, entre el sábado y el domingo, una seguidilla interminable de efectos colaterales: fábricas que se incendiaban provocando nubes químicas; presos que se fugaban de una cárcel cuyos muros se habían derrumbado; paranoia colectiva; vecinos pernoctando en la vía pública; filas para comprar pan y cargar combustible; empresas triplicando el precio de bienes y servicios; saqueos masivos de supermercados… Y, sucesivamente, declaración por parte del gobierno de “estado de emergencia”, “estado de catástrofe” y toques de queda, un escenario que puso en marcha operativos militares que no se veían desde la dictadura castrense.
En un minuto y medio, Chile pasó de ser una de las naciones que mejor enfrentó la crisis económica, a ser una nación que pide expresamente ayuda internacional. En el momento que escribo estas letras, a 60 horas del trágico episodio, siguen las réplicas y el miedo nos golpea. Se habla de 723 muertos y aún se desconoce el paradero de varias docenas más, víctimas que podrían estar sepultadas bajo los ripios terrestres o en las mareas del océano Pacífico. La sociedad se organiza, no hay tregua, pues cada segundo que pasa puede valer una vida humana. Policías, médicos, rescatistas, bomberos, autoridades, trabajan con celeridad, tratando de aminorar las pérdidas y de restablecer el orden.
Mientras tanto, los creyentes rezan.