Termoeléctrica Castilla o la lucha de "David Ciudadano" contra "Goliat Megaempresa"

Hace exactamente 2 años, el 15 de noviembre del 2008, un grupo pequeño de atacameños crea el movimiento Pro Defensa de las Costas de Atacama. Decidido a enfrentarse hasta el final con la empresa MPX, comenzaba a luchar primero contra la ignorancia ciudadana y luego contra los grandes intereses políticos y económicos que avalaban un proyecto claramente dañino para el medioambiente de una región fuertemente castigada con pasivos ambientales. Quién iba a pensar que justo a 2 años de su nacimiento recibiría un gran regalo: la confirmación por parte de la Corte Suprema, la máxima instancia de justicia en Chile, de que el citado proyecto es contaminante y, por lo tanto, no puede instalarse en el único pedazo de borde costero de Copiapó, en el sector de Bahía Salado, específicamente en Punta Cacho.

Pero hagamos memoria: fue justamente el año 2008 cuando empezábamos a oír de un nombre hasta ese entonces desconocido en Atacama, Eike Batista, multimillonario brasileño que acababa de comprar un vasto territorio de la ex hacienda Castilla que delimita –precisamente– con el sector en comento y con la comunidad agrícola Totoral; costa privilegiada de playas vírgenes, con áreas protegidas por su flora y fauna, entre la que destaca una de las zonas de mayor floración del desierto y donde, además, habita la colonia de tortugas verdes más austral del mundo. Numerosos grupos ambientalistas se sumaron en estos años, entre ellos el movimiento Atacama Sin Carbón, liderado por la familia Domínguez, a la oposición del proyecto, contribuyendo con los necesarios recursos para la defensa judicial.
La instalación del mismo ha estado llena de irregularidades. La primera de ellas, la modificación del plano regulador de Copiapó, hecho a puertas cerradas por el alcalde saliente, Marcos López, a sólo días de abandonar el cargo por haber perdido las elecciones municipales en noviembre del 2008. Esta modificación no fue expuesta según lo establece la ley y fue conocida cuando ya nada podía reclamarse. Para la historia quedará que sólo 2 de los 6 concejales rechazaron la modificación: Juan Carlos Mellibovsky (RN) y Cristián Guzmán (independiente). El resto de ellos, Rafael Prohens (RN), Anelice Véliz (PS), Rubén Pizarro(PRSD) y José Fernández(PPD), aprobaron la iniciativa sin mayores argumentos.
La empresa MPX actúo desde un principio de manera irregular y poco transparente. Desde el momento de presentar el proyecto intentó burlar la ley y el sistema de impacto ambiental chileno, presentándolo de forma parcializada (presentó, por ejemplo, la central y el puerto por separados). El funcionamiento del megaproyecto Central Termoeléctrica Castilla sería el más grande de Latinoamérica: significaría 6 centrales a carbón, 125 hectáreas de depósito de cenizas y un emisario submarino que vertería los desechos de la planta desaladora de agua de mar, con todo el impacto medioambiental que ello supone. Y se sumarían otras dos plantas de respaldo diesel. MPX, además, trató de presionar a las comunidades agrícolas y de pescadores que se verían afectados mediante importantes ofertas económicas, a cambio de una renuncia total de las personas a formular observaciones legítimas al proyecto.
Por último, al ser calificada como contaminante por la ex Seremi de salud, Dra. Pilar Merino, en lugar de modificar el proyecto en aquellos aspectos señalados por la autoridad como contaminantes y de establecer medidas de mitigación adicionales, la empresa optó por utilizar de manera irregular recursos administrativos y ejerció todo tipo de presiones políticas para modificar esta calificación, situación que ocurrió cuando el Seremi de salud (Raúl Martínez) nombrado para el cambio de Gobierno en marzo del 2010, realiza la modificación arbitraria a la categoría de “molesta”, que es compatible con el plano regulador y que volvía a abrir la puerta para la aprobación del cuestionado proyecto a manos de la COREMA.
Recursos judiciales interpuestos por abogados de distintos actores involucrados en la oposición a la termoeléctrica, habían logrado hace algunos meses que la Corte de Apelaciones local aprobara por unanimidad un fallo que establecía que la modificación realizada por el cuestionado Dr. Martínez era ilegal y, por ende, dejaba el proyecto catalogado como contaminante. Hoy es la Corte Suprema la que una vez más ha puesto las cosas en su lugar.
Quedan sólo 48 horas para que la COREMA de Atacama sea nuevamente convocada a votar. De no intentar otra vez tergiversar las cosas, este órgano colegiado está obligado a rechazar el proyecto, pues el plano regulador establece la imposibilidad absoluta de instalar en esta área proyectos calificados como contaminantes.
Esperemos que esta vez prime la cordura…
Fuente:
- www.scribd.com
- www.diarioatacama.cl
- www.poderjudicial.cl
- www.radiobiobio.cl
- www.cooperativa.cl